Daniela Muñoz
Desde que yo tenía 6 años quise estudiar en la UCR.
Me enamoré de la U durante mi primera visita a la Ciudad Universitaria, antes de cumplir 6 años. Me llevaron primero a clases de natación y más tarde de judo, y ya nunca me pude ir.
No sabía qué carrera quería estudiar, pero sabía que quería ser una de aquellas personas que tomaban la periférica en el centro de Guadalupe, cargadas de libros y sueños.
Me gradué del colegio y entré a la Escuela de Comunicación. Un par de años más tarde supe que el vínculo entre esa casa de enseñanza y yo no iba a terminarse cuando me graduara, que para mí ser “universitaria” no era algo temporal. Ahora soy empleada, estudiante y activista universitaria.
En mi caso, no sólo pasé por la universidad; la universidad pasó por mí.
Fue en la universidad que empecé a aspirar un mundo más justo y equitativo, un desarrollo sostenible y humano. Fue ahí que empecé a ejercer mi capacidad crítica con la cabeza y no sólo con el hígado.
Es precisamente por eso que yo, como muchas otras y otros: estudiantes, trabajadores y colaboradores de este medio, salimos a las calles hace unos días a pedir el presupuesto que nuestra Alma Mater necesita para continuar formando profesionales críticos y responsables.
Es irónico pensar que el gobierno afirme que no hay dinero para aumentar la inversión en educación superior pública, cuando los diputados recién estrenando curules trataron de aumentarse el salario en un 80% (que habría representado un gasto de ¢102,6 millones por mes). En tiempos de crisis, el gobierno planea recortar la inversión en educación, pero no en privilegios para las clases dominantes. Tampoco se piensa en aumentar impuestos a las transnacionales o disminuir los subsidios estatales que estas empresas disfrutan.
En la comunidad universitaria hemos estudiado las condiciones actuales del país y las necesidades de la educación costarricense, es por eso que exigimos al gobierno cumplir con su deber constitucional de financiar el desarrollo de la educación superior pública.
Permitir que las universidades reciban menos que un 11% de aumento en el FEES (13% sería aún mejor) es inadmisible pues significaría estancar el proceso de formación de profesionales integrales en Costa Rica y por lo tanto, el desarrollo del país. Permitir que el presupuesto se otorgue bajo condicionamientos de apoyo a planes estatales o con empréstitos millonarios que luego se pagarán (con intereses) con dinero de los contribuyentes es igualmente inadmisible.
Las universidades no son la panacea social; pero la autonomía y libertad que se vive en su interior permite la formación de gente crítica, luchadora y comprometida con un futuro mejor para este país.
La universidad pública por sí sola no va a cambiar el mundo, pero ha sido piedra en el zapato de gobiernos (aquí y en todo lado) autoritarios y antipopulares. Desde los espacios universitarios se han combatido las medidas que no benefician al pueblo y se ha abogado por justicia y equidad.
Tal vez sea por eso que en los grandes medios de comunicación nos tratan de chancletudos, de malcriados, de rebeldes. Tal vez sea que no entienden que en las y los universitarios somos orgullosamente diferentes, o tal vez simplemente es que no les sirve que lo seamos.
La Malacrianza 